Usos políticos de temas apremiantes. Leyes locales de protección a periodistas

Por Juan Larrosa (24 de octubre de 2011) *

El 8 de octubre el periódico Milenio Jalisco publicó una pequeña nota para informar que un diputado local había presentado una iniciativa para modificar el Código Penal, en aras de “crear un capítulo especial de protección y apoyo jurídico a los periodistas”. Esta iniciativa, registrada bajo el número 3169 y a la que se le dio entrada en el Congreso Local el 5 de octubre, no ha causado mayor discusión o debate en nuestra ciudad. Probablemente porque la agenda ha sido dominada por el tema de los Juegos Panamericanos y los desastres causados por el huracán Jova. También es probable que pocos hayan tomado en serio esta iniciativa, particularmente porque fue presentada por el diputado Alfredo Argüelles Basave, a quien se le ha presentado en la prensa local como un funcionario que poco trabaja (recordemos, por ejemplo, sus apuestas en Las Vegas en horarios laborales), pero particularmente porque se le ha vinculado con el grupo político que está detrás de Alberto Martínez, mejor conocido como “El Antena”, una bizarra figura de la política local, que desde hace años se ha encargado de filtrar información a los periodistas, pero que recientemente ha ampliado sus labores para amenazar y a amedrentar a diversos reporteros de la ciudad (para más información ver el artículo “Infamia bien pagada” de Pedro Mellado [Mural 27/marzo/2011]o el compilado informativo que al respecto a preparado Quid: Observatorio de medios).

La iniciativa de ley, a la que tuvimos acceso y hacemos pública, es un trabajo pobre, que no supone una revisión exhaustiva de la legislación vigente y de las normatividades internacionales que al respecto existen. Esta iniciativa, que busca agregar los artículos 298, 299 y 300 al Código Penal para el estado de Jalisco, propone lo siguiente:

“Artículo 298. Para efectos del presente título se entiende como periodista a las personas trabajadoras de los medios de comunicación que en el ejercicio de la libertad de expresión que otorgan los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dedican habitual, profesional o laboralmente a informar a la población a través de la prensa, la radio o la televisión obteniendo su principal ingreso de esa actividad.

“Artículo 299. En el caso que un periodista sea víctima de amenazas, haya sido intimidado en sus bienes, familia o en su integridad física con motivo de su actividad profesional o haya sido víctima de un delito se designará un coadyuvante del Ministerio Público, asimismo cuando ello sea técnicamente conveniente y según la gravedad del delito cometido, el Procurador General de Justicia del Estado designará un Ministerio Público Especial para su atención y seguimiento. Inmediatamente que el Ministerio Público o el servidor público encargado de practicar diligencias de averiguación previa tengan conocimiento de la probable existencia de uno de los delitos en contra de los trabajadores de la comunicación, iniciará sus actuaciones atendiendo las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales.

“Artículo 300.- Se incrementará una tercera parte de la pena del delito que se comenta en contra de los trabajadores de comunicación en ejercicio de su profesión”.

Luego de leer los artículos, queda claro que lo que se propone esta iniciativa son tres cosas: definir qué es un periodista, establecer que en caso de que existan ataques a periodistas el Procurador General de Justicia del Estado tendrá que designar a un Ministerio Público especial que coadyuve en el caso y finalmente plantea que se triplicarán las penas para quienes amedrenten o ataquen a los periodistas. Hasta aquí la iniciativa.

Como se observa, la propuesta difícilmente se podrá tomar en serio, pues no incluye puntos tan relevantes como el derecho al secreto profesional, la cláusula de conciencia, derechos de autor y de firma, así como derecho a un trabajo en condiciones de seguridad, con las prestaciones necesarias para el ejercicio de su profesión y a una remuneración digna. Nada de esto está enunciado en la propuesta que el diputado Argüelles entregó al Congreso de Jalisco, lo que corrobora una tendencia ya observada por otros, en donde los legisladores contemporáneos se han propuesto entregar muchas iniciativas con tal de “demostrar” que sí trabajan, pero que en realidad son proyectos mediocres y sin un ánimo real de legislar para su comunidad (véase el estudio “Reporte Legislativo”, de la consultora Integralia, en la que se desprende que más de 80% de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso de la Unión, no prosperan y quedan en “la congeladora”).

Sobre el tema de protección a periodistas soy un convencido de que se deben realizar todos los esfuerzos posibles (legislativos, políticos, empresariales), para que quienes trabajan informándonos gocen de las condiciones necesarias de seguridad en sus labores cotidianas. Sin embargo, me parece, el tema es mucho más grave de lo que aparenta. De nada servirán nuevas leyes, estatales o federales, que velen por los derechos de los periodistas, mientras el sistema de procuración y administración de justicia en México sea tan deficiente. En este país los periodistas están indefensos, pero también lo estamos el resto de la sociedad. Se ha dicho hasta el cansancio que, más o menos, en todas las entidades del país, el sistema de justicia simplemente no funciona. El dato más revelador es que ¡existe 97% de impunidad de los delitos que son denunciados! Otro dato es que en cuatro años de operación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solamente ha consignado 11 casos y detenido a dos personas, en un país en el que del año 2000 a la fecha han sido asesinados 77 periodistas y en el que la organización Artículo XIX ha registrado, tan solo en 2009, 244 casos de agresiones a estos trabajadores (ver Violencia en México y el Derecho a la Información, documento publicado por Artículo XIX). En este contexto, aún con nuevas y avanzadas leyes, los periodistas poco podrán hacer para protegerse.

Ojalá que el Congreso del Estado de Jalisco apruebe una ley que proteja a los periodistas. Ojalá que los diputados que la promuevan, y la clase política en general, detengan las prácticas de soborno, chantaje e intimidación a los periodistas locales. Ojalá que los dueños de los medios de comunicación den mejores condiciones de trabajo a sus empleados. Ojalá, también, que el gremio periodístico local adopte posturas autocríticas sobre sus métodos de trabajo y tome medidas de autoprotección a sus propios derechos. Sin embargo, con iniciativas como la que recientemente se presentó en el Congreso, con operadores políticos que tienen como tarea amedrentar a los reporteros y con comunicadores que no se organizan para exigir sus derechos, seguiremos observando casos de hostigamiento como los que han vivido Jade Ramírez o el grupo de periodistas que ha sido agredido por “El Antena”.

* Artículo publicado como parte de la columna de opinión “Sistema Autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.