Transparencia: Segunda oportunidad

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 5 de octubre de 2015 en Milenio Jalisco.

El pasado 30 de septiembre, el Consejo General del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) aprobó las propuestas de “mejora” a la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios que organismos sociales y ciudadanos en particular presentaron al Consejo Consultivo del mismo organismo, junto con las propias del organismo garante. Las propuestas fueron entregadas al Poder Ejecutivo, vía Secretaría General de Gobierno, Con esto, la “pelota” de mejorar la herramienta jurídica (ley) para garantizar el derecho de acceso a la información en Jalisco se centra en la cancha del Ejecutivo (ver: http://goo.gl/kzU1Pc

El pasado 8 de septiembre en el Congreso del Estado se consumó un freno para mejorar la “ley de transparencia” de Jalisco, bajo el pretexto de cumplir con la obligación de armonizar la ley local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Esta reforma está condicionada a una reforma previa a la Constitución local, la cual requiere ser sometida al voto de los 126 Ayuntamientos de Jalisco. En tanto esto no suceda, la reforma “freno” de Jalisco está atrapada en el “limbo” legislativo: el Ejecutivo no puede sancionar y publicar la ley local en tanto la reforma constitucional no esté vigente; si el Legislativo envía la reforma a la ley local sin la reforma constitucional vigente, el Ejecutivo tendría que vetar toda la reforma. A todo esto habrá que sumarle que el Legislativo se ha retrasado el envío de la reforma constitucional a los Ayuntamientos.

En medio de lo anterior, ahora están las propuestas de “mejora” a la ley que envió el ITEI al Ejecutivo, para que con base en su compromiso público, las haga suyas en un eventual veto al dictamen de reforma a le ley que le envíe el Legislativo, o bien, el reclamo a éste de que reponga la sesión del 8 de septiembre, pues no fue notificado el Ejecutivo de la misma para ejercer su derecho de exponer su posición sobre el tema, como lo marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

¿Qué harán el Ejecutivo y el Legislativo en este embrollo? Lo que definan tendrá que ser expuesto públicamente, ya sea en la Legislatura que concluye o en la que arrancará el 1 de noviembre. Sobre ello, hay miradas atentas y rendirán cuentas.