Síndrome de gato

Por Esteban Garaiz Izarra, miembro de Amedi Jalisco Columna de opinión publicada en Público Milenio Desde luego que resulta inaceptable que un funcionario de segunda, camuflado en la nómina, amenace y hostigue a profesionales de la comunicación que ejercen legítimamente su garantía constitucional a la libre expresión. Pero no basta con extirpar el caso patológico. Como ha quedado expresado, otras instancias de poder mantienen otros arietes mercenarios, quizá algo más sutiles, pero que igualmente sesgan el libre ejercicio de ese derecho a informar, y a opinar. Libertad que conlleva el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a una información  plural, que propicie la reflexión y la discusión sobre los grandes temas colectivos sean locales, nacionales o incluso globales. Por ejemplo, los efluvios radioactivos en la costa nordeste de Japón nos ponen naturalmente a reflexionar sobre cuál tipo de energía resulta conveniente o nociva. Recuerda el síndrome del gato, ocultando su caquita con tierra, el proponerse una autocensura colectiva (y querer imponer el mismo criterio a todos los informadores) para que la colectividad nacional no llegue a la conclusión inevitable de que se han tomado decisiones peligrosas, que de hecho han resultado nocivas. En el caso japonés, claramente acepta la autoridad que se le salió de control una fuerza natural, como al aprendiz de brujo, cuando el pueblo ciudadano japonés había manifestado de manera masiva y reiterada su recelo y desconfianza al uso de la energía nuclear en un archipiélago de sismicidad conocida. Además de la triste experiencia histórica, que trae a la mente el dicho ranchero de que el que se quema con leche hasta al jocoque le sopla. En el caso mexicano, ningún maquillaje de las horrendas imágenes de decapitados y narcomantas podrá ocultar la incompetencia de una autoridad que, después de gastar 40 mil millones de dólares (que haría mucha falta para completar la matrícula universitaria), no ha podido reducir en un miligramo los daños a la salud, ni impedir más de 35,000 muertes (todas de seres humanos y mexicanos); y que fue incapaz de evitar que entraran en el país cientos de miles de armas de alto poder. Pretender censurar imágenes crudas, para que no cunda el pánico, es puro síndrome de gato. Ya va siendo hora de que, haciendo caso del sentido común de los habitantes, se reflexione con seriedad sobre por qué ha fracasado la guerra, o lucha, o combate, al narcotráfico, que ya nada tiene que ver con la reducción de los daños a la salud, sino que de manera claramente contraproducente, ha ocasionado muertes civiles y desolación nacional y severo descontrol en el estado de derecho y en la seguridad de las familias. Miente la autoridad con sus promocionales cuando pretende hacer creer a los ciudadanos que haber encarcelado, o abatido, a 20 capos ha contribuido a cuidar de la salud de nuestros jóvenes (como cuando dice que debemos ahorrar electricidad para que no se inunde Tabasco). Todo el mundo sabe que al día siguiente hay otros 20 al frente; y que el tal combate actúa como una poda a las bandas criminales; o que han incautado 100, 000 armas de alto poder, cuando todo el mundo sabe que lo que menos falta a la delincuencia es armamento. En la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, se tiene perfectamente claro que la iniciativa de reforma a la llamada Ley Televisa fue bloqueada por Juan Molinar Horcasitas que actúa por órdenes y complicidad. No habrá real ejercicio de la libertad de expresión, ni cumplimiento al derecho de los ciudadanos a estar bien informados (especialmente los pobres, que son la gran mayoría y también tienen derecho a votar) mientras la televisión abierta no se ofrezca a la pluralidad real de fuentes informativas, sea en el sistema analógico actual o en el digital del futuro próximo. Es claro que tampoco habrá democracia sino demagogia televisiva. Ahí está, pues, la verdadera lucha ciudadana por el libre ejercicio del voto informando: sin spots y con debate a la vista de todos, para que podamos decidir con elementos reales. Pocas, poquísimas, son las empresas informativas propiedad de los periodistas. Mucho menos de las comunidades de oyentes. Por ahí tendría que ir alguna de las vetas del próximo Encuentro Nacional de AMEDI a partir del próximo 5 de abril. Por ahí debería también transitar alguna vía de la reflexión nacional. No se debe olvidar que parte esencial y señera del desmantelamiento de las instituciones nacionales en los años de 1988 a 1993, según las políticas públicas neoliberales definidas en el Consenso de Washington, fue precisamente la “desincorporación” del Canal 13, que era una importante referencia informativa para muchos ciudadanos conscientes. Ahora hasta en el canal del Politécnico resulta obligatorio ver a Felipe Calderón en su atrilito en todos y cada uno de los noticieros. Desde luego que resulta inaceptable que un funcionario de segunda, camuflado en la nómina, amenace y hostigue a profesionales de la comunicación que ejercen legítimamente su garantía constitucional a la libre expresión Pero no basta con extirpar el caso patológico. Como ha quedado expresado, otras instancias de poder mantienen otros arietes mercenarios, quizá algo más sutiles, pero que igualmente sesgan el libre ejercicio de ese derecho a informar, y a opinar. Libertad que conlleva el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a una información  plural, que propicie la reflexión y la discusión sobre los grandes temas colectivos sean locales, nacionales o incluso globales. Por ejemplo, los efluvios radioactivos en la costa nordeste de Japón nos ponen naturalmente a reflexionar sobre cuál tipo de energía resulta conveniente o nociva. Recuerda el síndrome del gato, ocultando su caquita con tierra, el proponerse una autocensura colectiva (y querer imponer el mismo criterio a todos los informadores) para que la colectividad nacional no llegue a la conclusión inevitable de que se han tomado decisiones peligrosas, que de hecho han resultado nocivas. En el caso japonés, claramente acepta la autoridad que se le salió de control una fuerza natural, como al aprendiz de brujo, cuando el pueblo ciudadano japonés había manifestado de manera masiva y reiterada su recelo y desconfianza al uso de la energía nuclear en un archipiélago de sismicidad conocida. Además de la triste experiencia histórica, que trae a la mente el dicho ranchero de que el que se quema con leche hasta al jocoque le sopla. En el caso mexicano, ningún maquillaje de las horrendas imágenes de decapitados y narcomantas podrá ocultar la incompetencia de una autoridad que, después de gastar 40 mil millones de dólares (que haría mucha falta para completar la matrícula universitaria), no ha podido reducir en un miligramo los daños a la salud, ni impedir más de 35,000 muertes (todas de seres humanos y mexicanos); y que fue incapaz de evitar que entraran en el país cientos de miles de armas de alto poder. Pretender censurar imágenes crudas, para que no cunda el pánico, es puro síndrome de gato. Ya va siendo hora de que, haciendo caso del sentido común de los habitantes, se reflexione con seriedad sobre por qué ha fracasado la guerra, o lucha, o combate, al narcotráfico, que ya nada tiene que ver con la reducción de los daños a la salud, sino que de manera claramente contraproducente, ha ocasionado muertes civiles y desolación nacional y severo descontrol en el estado de derecho y en la seguridad de las familias. Miente la autoridad con sus promocionales cuando pretende hacer creer a los ciudadanos que haber encarcelado, o abatido, a 20 capos ha contribuido a cuidar de la salud de nuestros jóvenes (como cuando dice que debemos ahorrar electricidad para que no se inunde Tabasco). Todo el mundo sabe que al día siguiente hay otros 20 al frente; y que el tal combate actúa como una poda a las bandas criminales; o que han incautado 100, 000 armas de alto poder, cuando todo el mundo sabe que lo que menos falta a la delincuencia es armamento. En la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, se tiene perfectamente claro que la iniciativa de reforma a la llamada Ley Televisa fue bloqueada por Juan Molinar Horcasitas que actúa por órdenes y complicidad. No habrá real ejercicio de la libertad de expresión, ni cumplimiento al derecho de los ciudadanos a estar bien informados (especialmente los pobres, que son la gran mayoría y también tienen derecho a votar) mientras la televisión abierta no se ofrezca a la pluralidad real de fuentes informativas, sea en el sistema analógico actual o en el digital del futuro próximo. Es claro que tampoco habrá democracia sino demagogia televisiva. Ahí está, pues, la verdadera lucha ciudadana por el libre ejercicio del voto informando: sin spots y con debate a la vista de todos, para que podamos decidir con elementos reales. Pocas, poquísimas, son las empresas informativas propiedad de los periodistas. Mucho menos de las comunidades de oyentes. Por ahí tendría que ir alguna de las vetas del próximo Encuentro Nacional de AMEDI a partir del próximo 5 de abril. Por ahí debería también transitar alguna vía de la reflexión nacional. No se debe olvidar que parte esencial y señera del desmantelamiento de las instituciones nacionales en los años de 1988 a 1993, según las políticas públicas neoliberales definidas en el Consenso de Washington, fue precisamente la “desincorporación” del Canal 13, que era una importante referencia informativa para muchos ciudadanos conscientes. Ahora hasta en el canal del Politécnico resulta obligatorio ver a Felipe Calderón en su atrilito en todos y cada uno de los noticieros.