Señores diputados: no son iguales derechos

Por Esteban Garaiz

Publicado originalmente el 7 de diciembre de 2014 en el periódico Milenio Jalisco.

¿Por qué confundimos las cosas? Si seguimos así, vamos a acabar pasando del derecho de los automóviles a cruzar una manifestación, y arribando al derecho de los escaparates comerciales a conservar su integridad física. Por favor, seamos claros. No hay ninguna marcha pacífica ni plantón de protesta que impida a ningún ciudadano ni transeúnte llegar a su destino en un tiempo razonable.

El tránsito sobre ruedas no está establecido como derecho primordial en la Constitución. La libertad de expresión sí es un derecho político esencial, derivado de la soberanía de todos.

En medio de la confusión mental que traen diputados y dirigentes empresariales, campea un subconsciente de temor, de aversión a la auténtica democracia, de miedo a los ciudadanos que otorgaron mandato temporal a sus gobernantes y les reclaman el incumplimiento de su encargo.

Una marcha de protesta ciudadana jamás impide a otros el derecho de movimiento. Si acaso, se lo restringe accidentalmente. No hay ninguna contradicción entre ambos derechos. Los transeúntes sensatos siempre encuentran rutas alternas, sobre todo si son ciudadanos informados. Sería un grave despropósito autoritario, digno de Franco o de Pinochet, pretender someter este básico derecho ciudadano, consecuencia natural de su soberanía, a la autorización de una autoridad local.

Solicitar autorización significa, en esencia, someter al arbitrio de quien no ha recibido ese mandato del pueblo soberano, para que reglamentariamente pueda negar o autorizar el ejercicio del más elemental derecho: pedir cuentas al mandadero, al encargado de todos.

Protestar significa reconvenir, regañar al receptor del mandato, porque no ha cumplido con lo que se le encargó. Ya no digamos cuando se cometen crímenes contra el más elemental de los derechos: la vida; y no son pocas las muertes violentas.

Con preocupación se observa cómo está recrudeciendo (porque, al parecer nunca se ha ido) el espíritu virreinal de 1767, manifestado con ocasión de las protestas populares por la expulsión de los jesuitas de los reinos españoles: “de una vez para lo venidero deben saber los vasallos del Gran Monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno”. Quedan, según se ve, en nuestro Congreso federal, en ambas cámaras, muy distinguidos vástagos del Marqués Carlos Francisco de Croix (por la gracia de Dios), de los dos grandes partidos, y de los chiquitos.

Hace doscientos años, un hombre del pueblo y su equipo, con una asombrosa claridad mental lo dejó expresado por su convicción insurgente, o sea rebelde a la autoridad ilegítima: “todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo, y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera”. Por supuesto también reclamar el cumplimiento del encargo.

No se puede hacer a un lado que los jesuitas expulsados 47 años antes habían predicado en estas tierras la doctrina de la soberanía original del pueblo expuesta por el vasco Francisco de Vitoria en sus Relecciones; y que la mayoría de los enciclopedistas franceses habían sido escolares en los colegios jesuitas.

Esas doctrinas subversivas contra el orden monárquico establecido se comentaban y analizaban en las noches en la casa del cura Miguel Hidalgo en San Felipe Torres Mochas (todavía llamada la “Francia chiquita”); y también se difundían en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, ciudad natal de José María Morelos, discípulo de Hidalgo (hoy llamada Morelia en su honor).

Quienes se dicen hartos de las marchas (como mencionan en un programa radial) pueden organizarse para marchar en protesta. O quizá reflexionar que el origen verdadero de su molestia de personas satisfechas de lo que han recibido socialmente no está en la protesta sino en la violación pública, de parte de la autoridad, de sus derechos ciudadanos elementales, que es lo que lleva a los protestantes a salir a la calle a reclamar.

Es verdaderamente irresponsable que el titular del Ejecutivo Federal declare en público “que vayamos hacia adelante y podamos superar este momento de dolor”. Es un insultante despropósito pretender superar las consecuencias sin haber resuelto, ni remotamente, las causas.

P.D. (1) El guapo y mediático gobernadorcito de Chiapas recibió su calificación ciudadana: un joven inmolado por la detención ilegal e injusta de su tío. La manifestación al extremo. Mientras, el gobernador luce entregando canastas. (2) Vamos a ver a quién nombra Peña Nieto en el DF para “restablecer el orden” en lugar del cavernario Rodríguez Almeida.