Sistema Estatal Anticorrupción

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 08 de agosto de 2016 en Milenio Jalisco.

En mayo de 2015 se establecieron las bases constitucionales del Sistema Nacional Anticorrupción y de los Sistemas Estatales (Locales) Anticorrupción (SEA); en tanto, el 18 de julio pasado, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) quedaron definidas las bases para esos sistemas estatales, los que, entres otras cosas, «deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional» (Artículo 36 de la LGSNA). La configuración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) implicará puntos delicados, con puesta bajo el crisol de grupos de poder, pero si se desea avanzar, se requerirá de una voluntad política pública, honesta, técnica y sobre todo, tomar de frente, abiertamente, la integración de nuevas estructuras con personas probas y profesionales.

El SEA, a diferencia del Nacional, implicará a los municipios, que de manera básica están considerados en los principios constitucionales y en las leyes secundarias que de ellos se derivaron, sobre todo en lo que concierne a los Órganos de Control o contralorías. Ahí habrá que prestar particular atención, pues la fiscalización tiene tareas pendientes.

Volviendo al SEA, la mirada se fijará en el qué se hará, cómo y con quién las instituciones y estructuras sensibles para que opere el sistema, que serán el foco de atención y funcione en lo local y se integre en lo nacional.

El SEA supone crear un Comité de Participación Ciudadana con «ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción», así mismo una Fiscalía Estatal Anticorrupción. Instancias nuevas que ameritan un diseño con fuerza.

Pero el SEA supone meterle cirugía mayor a otras existentes y que se encuentran, una más que otras, en la atención pública y política: el Consejo de la Judicatura, el Tribuna de lo Administrativo, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado, y con esta las Contralorías de los demás poderes, órganos autónomos, organismos descentralizados y municipios.

Estamos frente a la revisión y construcción de un andamiaje que no puede quedar en unos pocos, ni construido al cuarto para las doce, menos a puerta cerrada.