Nuevas reglas de Comunicación Social Gubernamental

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 13 de agosto de 2018 en Milenio Jalisco.

Contar con reglas claras, bajo los principios que establece la Constitución federal, en materia de Comunicación Social Gubernamental, sean campañas de comunicación o publicidad (con su toque propagandístico), a través de cualquier medio, son una necesidad imperiosa con implicaciones en el ejercicio de gobierno (comunicar es gobernar), el desarrollo libre de medios y productores de comunicación, y sobre todo, una sociedad informada.

El pasado 8 de agosto, fecha límite para que los Congresos locales armonizaran su legislación con base en la Ley General de Comunicación Social (artículo Tercero Transitorio de dicha ley: ver http://bit.ly/2HfubwW), se anunció una quinta iniciativa en materia de comunicación social y publicidad gubernamental (consultarla en http://bit.ly/2MiBdHI) y la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco dictaminó una de las cuatro iniciativas que con antelación se había presentado ( ver dictamen en y en ficha con las iniciativas )

Con el dictamen de la segunda iniciativa en tiempo, el tema queda en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, que deberá dictaminar el resto de las iniciativas y Jalisco contar con una ley en la materia que pueda aplicarse a partir del próximo 1 de enero de 2019; es decir, hay tiempo, aunque menos, o el Congreso local caerá en incumplimiento, como le sucedió al Congreso de la Unión.

El tema amerita un análisis y definición pública sobre lo presentado en el que participen los actores implicados, o de lo contrario, se registrarán negociaciones bajo la mesa y tener una norma que “legalice” lo que ya se hace, es decir, no cambie nada.

La clave está en los topes para el gasto general en comunicación y publicidad gubernamental (aunque hay que incluir producción de contenidos y estudios), porcentajes y criterios de distribución de “inversión” en medios y agencias (publicidad y producción), excepciones (informes e imprevistos), planeación y contenidos de información y publicidad, medios públicos (sistemas de UdeG y el Jalisciense de Radio y Televisión) y comunitarios, mecanismos de control y supervisión con participación social, así como sanciones.

El tema es más que topes y criterios de distribución sobre dineros públicos; debe, aten todo, atender y garantizar el derecho fundamental a la información. AMEDI-Jalisco, centros de formación de comunicadores profesionales, empresas y actores independientes en comunicación y producción de contenidos, tienen mucho que decir y aportar. Que diputados y diputadas escuchen y atiendan.

Twitter: @jrubenalonsog

http://www.milenio.com/opinion/ruben-alonso/apuntes/nuevas-reglas-de-comunicacion-social-gubernamental