Métrica de gobierno abierto

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 13 de marzo de 2017 en Milenio Jalisco.

Hoy, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) darán a conocer la Métrica de Gobierno Abierto, un instrumento para «medir qué tanto puede conocer el ciudadano lo que realizan sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones». Se trata pues de una evaluación que vincula acceso a la información y participación ciudadana para la toma de decisiones.

El resultado general de la métrica evidencia lo que en lo cotidiano se experimenta: «Los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos a sus decisiones son mínimos, están dispersos y son poco eficaces… 71 por ciento de los sujetos obligados tiene métodos de contacto pero no funcionan, líneas de teléfono que dicen que son para participación ciudadana que al utilizarlas no funcionan, buzones de correo que regresan porque están saturados”, anticipó Guillermo Cejudo, del CIDE. En calificación, donde cero es nula apertura y el máximo a obtener es 1, el puntaje general en México sobre sujetos obligados es de 0.39.

Con los resultados de Métrica de Gobierno Abierto se podrá conocer en detalle a quién se observó qué se observó, para entonces sí, enfocar la atención de mejora en esos puntos y no quedarse sólo en el rankeo que arroja la métrica. Obtener un puntaje mayor que otro no nos hace más transparentes ni más abiertos y colaborativos en ejercicio del poder público; esto sólo se evidenciará en los cambios del ejercicio del poder público y su incidencia en lo cotidiano, cosa que las métricas no evalúan.

Esto vale para cualquier evaluación en materia de transparencia y acceso a la información, que se queda en las formas establecidas por los «observadores » y no someten al crisol las normas y estructuras diseñadas para ello: la incidencia y uso de la información pública por parte de ciudadanos en los procesos de participación en la toma de decisiones. Si se revisa cualquier portal de transparencia y se uno pregunta ¿con esto toman decisiones públicas?, o bien, ¿lo ahí mostrado corresponde con la decisión que tomaron los gobernantes?, nos llevaríamos muchas sorpresas. ¿Un sujeto obligado quiere verificar qué tan transparente es?, asuma este reto público: «Mis decisiones las tomaré con base en la información que está en los portales de transparencia». ¿Quién se atreverá hacerlo?