Libertad en riesgo

Por Pedro Mellado

Publicado originalmente el 8 de junio de 2014 en la columna «Puntos y contrapuntos», que aparece en el periódico Mural.

De ser aprobada este mes por el Congreso de la Unión (diputados y senadores), en los términos en los que fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto, la iniciativa de nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, facilitaría el fortalecimiento del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca), lo que pondría en riesgo un verdadero proyecto nacional de comunicación democrática.

Propiciaría el control y la censura de contenidos, además del bloqueo discrecional de las comunicaciones y la vulneración de la libertad y neutralidad de las redes en Internet.

La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), que preside María Elena Meneses Rocha, advierte —en comunicado del 1 de abril del 2014— que la propuesta de Peña Nieto regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones, como América Móvil y Telmex, y de radiodifusión, como Televisa, dejando a esta última sin controles suficientes.

Al respecto, Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), señala en un posicionamiento oficial: «En materia de competencia económica, diluye (…) la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada».

AMIC considera que «subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda».

Reprocha AMIC que «en materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet, en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales».

AMIC ve riesgoso que la iniciativa permita bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.

Coinciden AMIC y AMEDI en que la iniciativa permite la interferencia de comunicaciones sin un estricto control judicial, violando principios básicos de derechos humanos.

Ramírez Ramírez explica que «desde una visión ciudadana, los derechos fundamentales deben prevalecer por encima de los intereses corporativos de los consorcios mediáticos y de telecomunicaciones».

Están en riesgo libertades de expresión e información.