Injustificable mudez

Por Guadalupe Morfín

Publicado originalmente en el periódico El Informador el 18 de junio de 2015.

¿En qué se distingue un medio de comunicación público, radio o televisión, de uno privado? En que no persigue fines de mercado, sino que sirve o debe servir para algo distinto: educar a la población en el buen gusto; ofrecerle opciones atractivas de entretenimiento; aportarle información; formar a las y los ciudadanos para la vida en democracia. Por eso importa que quienes dirijan un medio así cubran un perfil suficiente. En Jalisco esperamos que se llene con calidad el puesto vacante de director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, o C7.

Dolores Béistegui, directora de Radio IMER (Instituto Mexicano de la Radio), dispuso, entre 2005 y 2006, programas de radio al servicio de la causa de la seguridad de las mujeres, y lo hizo en colaboración con Germán Dehesa, entonces consejero ciudadano de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación), y de Cecilia Loría, quien fuera directora general del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), entre otros. Ellos entendieron el potencial de la radio pública para ventilar temas como los asesinatos y desapariciones de mujeres, las expresiones artísticas solidarias con ellas, y los modos de prevención que las protegieran.

Los medios públicos, durante las campañas electorales, pueden hacer un formidable papel de educación cívica solos o en coordinación con los institutos electorales: organizar y convocar a debates; difundir información de candidatos, partidos, propuestas, casillas; invitar a los expertos a opinar; mantener el interés por el deber cívico de votar; alentar que tal decisión corresponda a un ejercicio de conciencia basado en el conocimiento y la información.

Todo esto puede y debe hacer un medio público, sostenido con dinero público. Pero no quedarse callado, ser omiso, cruzarse de brazos bajo ningún pretexto. Eso fue lo que hizo el C7 Jalisco la pasada campaña. Atendiendo una inexcusable recomendación del defensor de sus audiencias, su entonces director prefirió la opción del “engarróteseme ahí”, y ni chitón dijo. Otros medios, como Canal 44, de la Universidad de Guadalajara, que también recibe dinero público, y otros privados, tuvieron que entrarle al quite.

Justificaciones no faltaron al C7 como excusa por haber abandonado su deber de educar e informar; hasta una consulta hizo a la Fiscalía local en Delitos Electorales, la cual de forma súbita dijo: como se trata de servidores públicos, mejor calladitos para no incurrir en delito electoral (promover a un candidato, presumir obras de gobierno). El que se quema con leche hasta al jocoque le sopla. Consultantes y consultados olvidaron que la razón de ser del medio en el que trabajan dichos servidores públicos no es otro sino el de comunicar, informar. Y más en un periodo electoral, tan vital para la democracia. El C7 violó así el derecho constitucional a la información. Ya pasaron las elecciones, pero debe quedar un precedente para que no se repita esa injustificada mudez.