Convocatoria amplia, dictamen consensuado: discusiones sobre la iniciativa de ley de cinematografía

Por Tonatiuh Lay Arellano

Publicado originalmente con el título Una convocatoria amplia y un dictamen consensuado. Discusiones en torno a la Iniciativa de la Ley de Cinematografía y el Audiovisual en la revista Cine Toma.

El pasado 29 de enero, la Senadora Marcela Torres Peimbert, presento la Iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual. Recapitulando, los objetivos de esta iniciativa son tres: transmisión de valores; actualizar las reglas de distribución en nuevas plataformas y tiempo en pantalla para el cine nacional, lo que no sólo busca adecuar la terminología e introducir en el cuerpo de su texto las nuevas plataformas tecnológicas, que a partir del próximo año suplirán el uso de las películas de 35 milímetros y de los proyectores convencionales, sino de abrir nuevas ventanas de exhibición; y la unificación de los fondos Fidecine y Foprocine en el Fondo para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual (Fodeca).

Este nuevo fondo ya no sólo financiaría la producción fílmica, sino determinadas características de exhibición, esto es, apoyaría a empresarios para el rescate de viejas salas de cine en desuso, para la transición a tecnología digital y para incentivar a los exhibidores que tengan al menos un 40 por ciento de proyección de cine nacional en su cartelera. Cabe mencionar que el Foprocine llegaría al término de su vigencia en el pasado mes de agosto, aunque a principios de ese mismo mes se anunció su cuarta prórroga. Jorge Sánchez, Director del IMCINE señaló que se autorizaría un presupuesto de al menos 74 millones de pesos.

De acuerdo a los periodos ordinarios de sesiones del Poder Legislativo Federal, la iniciativa podría comenzar su revisión, al interior de la Comisión del Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, a partir de este mes de septiembre, siempre y cuando así lo determine la propia comisión. Previa a esta etapa formal de deliberación parlamentaria, la iniciativa ha tenido un proceso de discusión entre diversos actores del sector cinematográfico: la Sociedad de Directores, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC), la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la Asociación Mexicana de Productores (AMPDRM), la Asociación Mexicana de Productores Independientes (Ampi), la Federación Mexicana De Sociedades Cooperativas De Cine Y Medios Audiovisuales (Fecinema) y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc). Sin embargo, la asociación Documentalistas Mexicanos en Red (DocRed) observaron que no había una representación cabal del gremio, y que el quehacer documental se diluía en la iniciativa.

Lo anterior no es algo menor si consideramos dos puntos de suma importancia para este grupo: la falta de claridad, en la iniciativa de ley, sobre la mecánica de operación del Fodeca para apoyar los proyectos documentales; y la aparente tendencia hacia una política pública exclusiva, o ampliamente tendiente al apoyo y fortalecimiento del cine comercial mexicano. Por lo anterior, documentalistas de las entidades federativas de Baja California Norte, Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se reunieron los días 11, 12 y 13 de julio para analizar y discutir la iniciativa. De esta actividad surgieron las siguientes reflexiones:

• La iniciativa impulsa implícitamente una centralización de las actividades cinematográficas.

• No contempla que existen otros esquemas de formación, producción, distribución, exhibición, transmisión y difusión como son los de tipo comunitario, colectivo, cooperativo, colaborativo y los que buscan una retribución social y/o cultural sin fines lucrativos.

• No propone el doblaje de las obras para el público infantil y documentales educativos a las lenguas de los pueblos originarios.

• No garantiza la equidad en el desarrollo, producción, distribución, exhibición, transmisión y difusión del género documental, como obra cinematográfica.

• No establece políticas públicas específicas para la distribución, exhibición, difusión y transmisión de la producción documental audiovisual realizada al margen del apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

• Aunque se trata de una iniciativa que incorpora lo audiovisual, no fomenta el desarrollo de las nuevas tecnologías y las nuevas narrativas como transmedia y el documental interactivo.

• En este mismo punto, no fomenta la producción y coproducción de obras y series, audiovisuales documentales, con y para la televisión pública y privada a nivel nacional y estatal, así como crear mecanismos para garantizar su transmisión, promoción y difusión en los diferentes medios.

En relación a la creación del Fondo para el Desarrollo de la Cinematografía y el Audiovisual las consideraciones fueron las siguientes:

• Garantizar su acceso equitativo y transparente a nivel nacional.

• Acceso a cuotas equivalentes para el desarrollo, producción, difusión, distribución, exhibición y transmisión del género documental como obra cinematográfica y audiovisual en sus diferentes soportes y formatos.

• Contribución mediante el cobro a los exhibidores y transmisores de un impuesto del 2% del total de los ingresos obtenidos por la venta de espacios publicitarios, en las diferentes pantallas y medios de exhibición y transmisión de obras cinematográficas y audiovisuales.

Sin embargo, para la fecha en la que los documentalistas realizaban este análisis y llegaban a tales conclusiones, la iniciativa ya había sufrido sugerencias de cambio por parte del grupo de trabajo convocado por Torres Peimbert. Si bien el proceso formal de discusión en la respectiva Comisión Parlamentaria no había iniciado, el Reglamento del Senado de la República no prohíbe este esquema, por lo que aunque la Comisión decide el modelo de la discusión, influye que la autora es miembro, por lo que, en otras palabras, los cambios que este grupo de trabajo han realizado deberán de presentarse como propuesta a la Comisión y tienen amplias posibilidades de tomarse en cuenta.

La discusión por parte del grupo de trabajo se ha realizado bajo estricta confidencialidad y la redacción en la que han avanzado (al mes de agosto) de seguro tendrá cambios. Sin abundar en el tema, podemos decir que dicha confidencialidad podría ser exagerada al tratarse de un tema de interés general, y al ser considerada la cinematografía como una industria de suma importancia para el Estado, pues al menos así lo señala el Artículo 73 Fracción 10 de la Constitución. De esta manera, la discusión informal, esto es, fuera del ámbito legislativo, debió ser más abierta a otros grupos interesados en la temática.

De lo que ha avanzado el grupo de trabajo, podemos señalar que una de las correcciones fundamentales implicarían la eliminación del término “audiovisual” de la iniciativa. De ser así, ya no sería la propuesta de una nueva ley, sino de la reforma a la actual Ley Federal de Cinematografía (LFC). Cabría recordar que lo mismo pasó en 1998, ya que la iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica, que pretendía abrogar a la LFC, terminó como una reforma de gran calado a la misma. De mantenerse sobre esta posición, se estaría dando marcha atrás a uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa, aunque por otro lado, se estaría salvando de una complicación no sólo para la legislación, sino para la industria cinematográfica nacional. Trataremos de explicar brevemente las razones, para ello, retomaremos tres ideas de la exposición de motivos de la iniciativa, las cuales, a nuestro juicio, tratan de hilar la justificación de la incorporación del concepto audiovisual:

1. “Por audiovisual entendemos aquella industria que pertenece al sector de la economía de la cultura, que produce bienes y servicios, que son el resultado de un conjunto de actividades que intervienen en la producción, distribución y exhibición de imágenes sobre distintos soportes. Se trata de una industria que tiene tres sectores principales: el cine, la televisión y el video, aunque los avances tecnológicos hacen que las fronteras entre ellos sean cada vez más borrosos y se integren nuevos servicios que se encuentran a caballo entre los tres sectores tradicionales.” (Torres, 2014: 9).

Sobre este punto, a la cinematografía nacional comercial le ha costado varios años aumentar el número de sus producciones. Por otro lado, el documental, aunque también en aumento, ha tenido serias limitaciones para poder exhibirse en los circuitos cinematográficos comerciales. En la última década sólo dos lograron exhibirse a nivel nacional: Presunto culpable (2011) con 200 copias en 21 ciudades del país; y Fraude: México 2006 (2007) con 236 copias en 36 ciudades (no señalaremos aquí las dificultades políticas que ambas cintas tuvieron en su exhibición).

Por otra parte, si estos dos formatos tradicionales (ficción y documental) han tenido las dificultades señaladas, el incorporar a otras narrativas audiovisuales complicaría la ventana de exhibición en salas de cine, de obligar a estas empresas a incluir en su cartelera a estos otros formatos. Así mismo, estas producciones tendrían el derecho de competir por los recursos del Fodeca. La redacción de la iniciativa no sectoriza ni otorga porcentajes del fondo en los distintos formatos, en este caso ¿Bajo qué criterios se apoyarían los proyectos, quién decidiría qué tipo de formato es mejor que otro, bajo qué perspectiva se podría decir que uno tiene un mayor potencial transmisor de valores que otro? A esto nos referimos con complejizar la legislación.

2. “La ex directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), subrayó que «estamos en un momento de muchas transformaciones, el cine en las grandes pantallas está transformándose y los modelos de consumo de las imágenes audiovisuales también». Al resaltar que cada vez hay más plataformas en las que se puede tener acceso a contenidos y películas, anotó que el presente y el futuro están en esa multiplicación de pantallas. Ahora, con la transformación digital, el concepto atrás de la construcción de las imágenes es otro, existe la diversidad de temas que hay ahora en la cinematografía mexicana el público está volviendo a tomar confianza en el cine que se hace en el país, lo cual es de gran importancia.” (Torres, 2014: 18).

Si bien es cierto que las ventanas de exhibición se han multiplicado, sobre todo a través de la televisión restringida y el Internet, donde varias empresas cuentan con plataformas con oferta cinematográfica y audiovisual, y la iniciativa reservó un diez por ciento para la exhibición de obras audiovisuales que no superasen los veinte años de antigüedad, la ambigüedad de la conceptualización de producción independiente tanto de la iniciativa como de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podría causar prácticas discriminatorias, al preferir obras de empresas monopólicas y dejar fuera a las documentales.

3. Como uno de los ejes de la Reforma para transitar de la Ley Federal de Cinematografía y trascender a una Ley Federal de la Cinematografía y el Audiovisual, se debe “Adecuar la terminología utilizada en el cuerpo de la Ley Federal de Cinematografía a efecto de introducir tanto las nuevas plataformas como las tecnologías que a partir de 1998 y hasta enero del próximo año suplirán el uso de la película de 35 milímetros como soporte de largometrajes y cortometrajes para su exhibición en salas”. (Torres, 2014: 19).

En el párrafo anterior parecería que lo audiovisual es sinónimo de la digitalización de los sistemas de exhibición de las salas, pero la convergencia sólo es a nivel de transmisión de datos o contenidos, esto es, a través de telecomunicaciones. En el caso de los cines, la transmisión sería originada en un punto y transmitida vía satélite o a través de otro sistema de telecomunicaciones. Este proceso en sí mismo no la producción, distribución, ni siquiera la propia exhibición de los contenidos audiovisuales, al contrario, excluye a los independientes, pues si se tendría sólo un diez por ciento de reserva de exhibición, la iniciativa tampoco contempla la parcialización o porcentajes para cada formato, ni los criterios que se seguirían para llenar esta cuota.

Todo lo anterior representa una compleja labor de negociación donde, sabemos, priva el carácter comercial y mercantil del sector, y no, lamentablemente, el objetivo de la transmisión de valores y conocimiento, como bien propone la iniciativa. Quizás por ello se dejó de lado, en estas primeras discusiones, el tránsito hacia lo audiovisual, y se busca, por otro lado, el fortalecimiento de la obra cinematográfica como un medio de comunicación y expresión cultural, educativo, artístico y social.

Esperamos pues que, en la discusión formal al interior de la Comisión de RTC del Senado de la República, se realice una convocatoria amplia y que la deliberación lleve a la redacción de un proyecto de dictamen no sólo concensuado, sino que protega el interés del cine nacional, tanto de ficción como documental, y los medios para su adecuada producción, distribución y exhibición, y que este sector no sea secuestrado, como el de radiodifusión, por los monopilios que sólo buscan el interés económico.

Notas:

1. Torres, P. M. (2014) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, 29 de enero de 2014, Cámara de Senadores, México.