Informe sobre el SEA
Amedi JaliscoPor Jorge Narro
Publicado originalmente el 3 de Junio en Mural.
El 6 de julio de 2016, el Congreso de la Unión promulgó la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. El 18 de julio de 2017, el Congreso local aprobó y el Ejecutivo publicó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SEA). Su primer engrane, la Comisión de Selección, fue integrado por el Congreso el 14 de septiembre. El segundo, designado por la anterior el 30 de octubre, es el Comité de Participación Social (CPS). Otro engrane, el Fiscal Anticorrupción, fue electo por el Legislativo el 24 de diciembre, aunque rindió protesta hasta el 15 de febrero de 2018. El 14 de diciembre de 2017 fueron nombrados, también por el Congreso, el Auditor Superior del Estado, dos Magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa (la tercera fue designada hasta el 17 de octubre de 2018), y los titulares de los órganos internos de control de la Secretaría Ejecutiva del SEA y de los organismos constitucionales autónomos de Jalisco. El 30 de enero de 2018 fue electa la Secretaria Técnica del Comité Coordinador del SEA. Y, finalmente, el 4 de diciembre -igualmente del año pasado- fue ratificado por el Congreso el Fiscal General del estado (propuesto por el Gobernador).
Añadamos a lo anterior que el Comité Coordinador (CC) y Órgano de Gobierno del SEA está formado por el presidente en turno del CPS (que lo es del propio CC), Freddy Mariñez; el Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz; el Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz; el Presidente del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro; la presidenta del Instituto de Transparencia, Cynthia Cantero; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Avelino Bravo; la Contralora del Estado, Teresa Brito; y, finalmente, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA, Haimé Figueroa.
Tenemos, pues, un SEA completo. ¿Pero funciona?
El lunes de la semana pasada, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (un grupo de personas y colectivos de la sociedad civil) publicó su Quinto Informe sobre el Sistema.
Conviene -me atrevo a decir que es indispensable- saber qué dice.
Confiando en que Usted, querida lectora, estimado lector, ingrese al sitio web en el que se encuentra el Informe completo (http://www.observatorios.org/#informes), me limitaré a reproducir las conclusiones a las que éste llega; pero antes, unos párrafos sobre dos temas cruciales:
Primero: «En lo que toca a las condiciones de operación de la Fiscalía Anticorrupción volvemos a señalar (…) que (…) se cometió el despropósito de encomendarle (…) todos los delitos cometidos por servidores públicos. Cerca de 7 de cada 10 carpetas que recibe y procesa la citada Fiscalía tienen que ver con casos que no implican hechos de corrupción de manera directa».
Segundo: «(…) una carencia, no exclusiva de la Fiscalía Anticorrupción, sino que incluye a la misma Fiscalía General del Estado, es la inexistencia de una Unidad de Inteligencia Financiera, esencial en la lucha anticorrupción. No dotar a las fiscalías de los recursos necesarios para montar y organizar este instrumento básico, denota falta de voluntad para que funcionen adecuadamente».
Como conclusión del Informe, se insiste en la: «Promoción de designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.
«En la urgencia de dotar de los suficientes recursos humanos y materiales a las diferentes instancias públicas comprometidas en el combate a la corrupción.
«En la necesidad de interconectar operativamente a la Fiscalía Anticorrupción con las diferentes acciones, procesos y bases de datos de otras instancias públicas, pertinentes para sustanciar de forma sólida los procedimientos acusatorios, de tal forma que se venza la impunidad que por sí sola, se ha convertido en factor importante de la corrupción.
«Asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos.
«En fin, consolidar una nueva cultura de integridad ciudadana que tenga como objetivo central actuar en cualquier circunstancia de manera legal, transparente y responsable».
En resumen: el SEA ya está completo, pero no funciona como un cuerpo (el Comité Coordinador no está operativamente integrado, sus miembros no trabajan «tomados de la mano» …), ni tienen todos sus engranes los recursos adecuados y suficientes para hacer su trabajo.
