Gobierno abierto: promesas y realidades

Por José Bautista Farías

Publicado originalmente el 4 de junio de 2015 en el blog del Centro de Investigación y Formación Social (CIFS).

El tema de gobierno abierto (GA) está de moda dentro de la administración pública, la academia y el activismo social. Pero ¿qué significa en realidad este término y qué implicaciones tiene?, ¿es factible su implementación en contextos como el mexicano? Existen diferentes enfoques respecto a este concepto: a) algunos analistas lo conciben como resultado del avance tecnológico, por consiguiente, enfatizan la importancia de las tecnologías de información y comunicación; b) otros, resaltan los principios y valores que deben imperar en el servicio público orientado al bienestar general de los ciudadanos, subrayando la organización y eficiencia del gobierno; y c) otra tendencia destaca un nuevo modelo de gestión pública con participación ciudadana donde lo central es la colaboración gobierno-sociedad civil[2].

Los promotores de este nuevo modelo de gestión de lo público resaltan cuatro pilares del GA: i) la transparencia en la administración pública ii) la rendición de cuentas; iii) la participación y colaboración de las y los ciudadanos en la atención de los problemas y iv) el uso de las tecnologías de información y comunicación. Los cuatro pilares son imprescindibles para el modelo funcione, si alguno falla se desconfigura el esquema y pierde sustento.

La autoría del GA se atribuye al presidente de los E.U. Barack Obama, como una forma de restituir la confianza de los ciudadanos en los gobiernos y una nueva manera de encarar los asuntos públicos con mayor eficacia involucrando a los ciudadanos y utilizando los recursos tecnológicos. A mediados de 2011 se constituyó formalmente la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, AGA) en Nueva York concebido como un esfuerzo multilateral que en sus orígenes involucró a nueve países: México, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania. En menos de cinco años, esta iniciativa ha cobrado relevancia ya que actualmente participan 65 países en una plataforma internacional que comparten determinados compromisos: i) aumentar la disponibilidad de información de los gobiernos; ii) apoyar la participación ciudadana; iii) aplicar estándares de integridad profesional en los gobiernos y iv) aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas[3]. Todas estas son promesas que no siempre –desafortunadamente- se aterrizan en la realidad, pero estos elementos son imprescindibles para el impulso de una gobernabilidad democrática.

Estos compromisos no tienen sustento jurídico, se sostienen de la voluntad política expresa del ejecutivo de cada país y de los organismos civiles involucrados, así como en evaluaciones externas que verifican y califican el grado de cumplimiento y avance de cada plan. En México se inició con Felipe Calderón y actualmente el gobierno de Enrique Peña Nieto preside la representación internacional. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil participan actualmente: Transparencia Mexicana, CIDAD, Fundar, Gesoc, IMCO, Artículo XIX, Cultura Ecológica y SOCIAL TIC, además del INAI (antes IFAI). Se cuenta con un Plan de Acción 2013-2015 que contiene 26 compromisos elaborados de manera conjunta, entre los que destacan: elaboración de una base de datos sobre desaparecidos; gasto abierto en obra pública; datos abiertos; datos de educación superior; minería; medio ambiente, entre otros[4].

Las relaciones entre el ejecutivo federal y las organizaciones civiles no han sido fáciles ni tersas. En el reporte de avances del plan citado, el núcleo de organizaciones que promueven la AGA en México reconocen la apertura del Gobierno Federal en la presencia de público y medios de comunicación interesados en el conocimiento y revisión del plan de actividades, así como avances significativos en la mayoría de los compromisos. Empero, advierten del riesgo de incumplimiento en cinco compromisos relacionados con los temas de seguridad, justicia, industrias extractivas y educación[5]. Estas son las realidades nada sencillas con las que hay que lidiar para encontrar alternativas creativas a través del diálogo y la concertación.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 4 de mayo del año en curso, establece como atribución de los órganos garantes (nacional y estatales) fomentar los principios del GA y establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales de cada entidad (artículo 42, frs. VIII y XX). Por el momento el GA sólo se realiza en el ámbito del Ejecutivo Federal, no obstante el INAI empezó a promover, a partir de este año, réplicas de éste ejercicio a nivel subnacional. En Jalisco se han realizado dos reuniones (marzo y mayo) para informar sobre este tema y analizar su viabilidad. El gobierno de Aristóteles Sandoval al igual que varios organismos civiles y el ITEI han mostrado interés en impulsar una agenda de GA local. Por el momento es una promesa, dependerá de la voluntad de todos los involucrados en hacerla realidad para beneficio de las y los jaliscienses.

 

[2] Ver: Mariñez Navarro, Freddy, “El debate abierto del Gobierno Abierto”, ponencia presentada en el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Cartagena, Colombia, 30 de oct- 2 de nov. de 2012.

[3] Estos compromisos se pueden consultar en: http://gobabiertomx.org/

[4] Los compromisos y avances en su cumplimiento se pueden consultar en http://tablero.gobabiertomx.org/

[5] Ver: Estado de Avances del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto en México, ver: http://bit.ly/1RKD3e5