Evidencias para no criminalizar la protesta

Por Frida V. Rodelo

Con motivo de la marcha pacífica internacional del 20 de noviembre por Ayotzinapa («#20novmx») circuló nuevamente a través de las redes sociales virtuales una infografía con recomendaciones relativas a la seguridad durante marchas multitudinarias:

Como vemos, uno de los consejos tiene que ver con estar listos para documentar cualquier incidente que se dé durante la marcha. Pero, ¿qué tan relevante es estar preparados para documentar algún posible incidente?

El paradigma de protesta

En un paper publicado en 1999 en el Journal of Communication, Douglas McLeod y Benjamin Detenber bautizaron como “paradigma de protesta” a un conjunto de características que aparecen típicamente en las notas informativas sobre protestas sociales. Estos patrones son:

— las noticias tienden a ser sobre “enfrentamientos” entre grupos de manifestantes y la policía, en donde los manifestantes son los desviados o criminales.

— el uso de fuentes y definiciones gubernamentales (“oficiales”) es mayor que el uso de cualquier otro tipo de fuentes.

— si se invoca a la opinión pública, se utilizan citas que refuerzan el punto de vista de las fuentes oficiales.

— se usa el lenguaje en detrimento de los manifestantes, ya sea para minimizar el tamaño del movimiento, para hacer parecer al movimiento social más radical de lo que es o para cuestionar sus fines (por ejemplo, a través del uso de la ironía).

¿Les suena conocido lo anterior?

El estudio de McLeod y Detenber es importante no solo por identificar este “paradigma de protesta” sino porque además estos autores demuestran a partir de un experimento que los sujetos a quienes se mostraron notas con este tratamiento tendieron más a descalificar a los grupos de manifestantes, entre otras diferencias halladas en su manera de percibir el suceso.

Cambios en las noticias

Volviendo a las protestas en México, en un análisis reciente registramos cambios en el tratamiento periodístico sobre un evento espontáneo (decimos «evento espontáneo» porque la mayoría de los eventos cubiertos por los medios son más bien eventos planeados por autoridades). Esto quiere decir que las primeras notas periodísticas difundidas por los medios fueron de cierta manera, después se dieron a conocer unas evidencias, tras lo cual las notas periodísticas trataron el mismo suceso y a los mismos involucrados de manera diferente.

Este evento espontáneo también involucró a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Ayotzinapa, en Guerrero. Sucedió en diciembre de 2011, cuando dos estudiantes perdieron la vida al ser impactados por proyectiles de arma de fuego durante un bloqueo de la autopista del Sol, cerca de Chilpancingo.

Durante el día de los hechos, los medios difundieron la postura del gobierno estatal: que las armas utilizadas (rifles AK-47) no pertenecían a la Procuraduría estatal (por lo tanto, la procuraduría estatal no podía ser responsable de los asesinatos); que un estudiante detenido, a quien se le encontró un cargador de rifle AK-47, inició el enfrentamiento; que el gobierno de Guerrero no es represor; que participaron intereses ajenos con la intención de desestabilizar (así es, también aquí usaron esta expresión); y que los policías estatales acudieron desarmados a auxiliar en el incendio de una gasolinera, el cual fue ocasionado por estudiantes que arrojaron bombas molotov.

En el mismo día, se dieron a conocer videos y fotografías que contradijeron casi todos los dichos del gobierno de Guerrero. En estos se muestra que los estudiantes no portaban armas de fuego; que los estudiantes son heridos por armas de fuego; que un individuo vestido de civil arrojó una bomba molotov a la bomba de la gasolinera; y que individuos sin uniforme desde la posición de los policías estatales dispararon hacia estudiantes con armas de asalto.

De esta manera, no solamente se ilustraba por medio de fotografías y videos una falsa incriminación sino un uso excesivo de la fuerza policial y la fabricación de pruebas por parte de funcionarios de este gobierno local.

En los días sucesivos, una vez desacreditado el gobierno estatal de Guerrero, los medios comenzaron a dar voz a actores diferentes: sociedad civil, comisiones de derechos humanos, víctimas, testigos y opinadores. Además, los medios dejaron de describir el suceso como un simple «enfrentamiento».

Parece que podemos atribuir el cambio a la existencia y divulgación de evidencias. Aunque, por supuesto, hay que tomar en cuenta que en este tipo de estudio de caso no podemos descartar que otros factores (también) hayan contribuido a influenciar los cambios observados en la cobertura periodística.

En resumen, el caso anterior nos hace pensar que ante hechos de violencia la divulgación sobre todo temprana de evidencias puede influenciar el tratamiento periodístico de tal manera que se reduzca la criminalización de manifestantes y el uso del “paradigma de protesta”. Por este motivo, es bastante recomendable registrar todo lo que ocurre durante protestas a través de cámaras fotográficas, teléfonos, videocámaras e incluso, por qué no, drones amigos (la posibilidad se explora aquí, http://www.irex.org/news/has-time-come-drones-development, y aquí http://www.ictworks.org/2014/09/22/drones-political-activists-new-best-friend/)

El análisis de la cobertura del caso de la manifestación de estudiantes de Ayotzinapa en 2011 se puede bajar en la siguiente página: https://www.academia.edu/4685043/El_papel_de_las_videograbaciones_y_fotograf%C3%ADas_en_la_cobertura_period%C3%ADstica_de_la_manifestaci%C3%B3n_de_estudiantes_de_la_Normal_Rural_de_Ayotzinapa_en_2011