En la cima de la crisis de DH: criminalización de la protesta y de la libertad de expresión

Por Carlos Servín

Ayer algunos amigos celebraban la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, que traerá un sinnúmero de cambios en nuestra estructura jurídica, en el procesamiento de los inculpados y en la administración pública.

Difícil se ve el panorama con este cambio: al personal del poder judicial le falta capacitación y los policías y demás actores del poder ejecutivo son completamente irrespetuosos de los derechos humanos y, por ende, del debido proceso.

Con el estado de las actuales policías pasarán una de dos cosas: el primer escenario es que la incomprensión del debido proceso y la forma en la que los policías deben actuar en las detenciones traerá como consecuencia la liberación inmediata de los detenidos.

El segundo escenario es que las cosas se harán tan mal en el poder judicial que se admitirán los procesos con deficiencias, lo que traerá como consecuencia que el nuevo sistema penal arrastrará los viejos vicios: corrupción, ineficiencia, discriminación, lentitud, dogmatismo jurídico, inoperancia e injusticia.

No soy defensor del sistema anterior, lo aclaro, pero creo que el problema no se resolverá simplemente con una nueva faceta del sistema judicial. Hay un problema de raíz que tiene que ver con la cultura de la legalidad, con el autoritarismo característico de un sistema político que durante años utilizó al poder judicial como aparato represor del sistema y que lo sigue utilizando de esa manera.

El sexenio de Peña empezó mal: con una campaña enturbiada por la compra de votos y las irregularidades del proceso electoral. Posteriormente, la represión de las policías federales y locales de las protestas durante su toma de posesión. En el D. F. y en Guadalajara se violaron los derechos humanos de los manifestantes, fueron golpeados, torturados y silenciados. Desde entonces la cosa comenzó mal. La utilización de la represión es una opción utilizada por los gobiernos priistas, aunque esto no es muy diferente con los gobiernos del PAN y del PRD.

Recientemente dos líderes de la CNTE que ejercían su derecho a la protesta fueron detenidos con cargos inventados. Al día de hoy reprimieron las protestas en Nochixtlán con decenas de heridos y muertos. La policía federal utilizó deliberadamente armas de fuego. Por supuesto, no falta la gente a la que le da “asquito” el tema del magisterio y hasta dicen que “se lo merecen”. Estas personas dejan de ver que la represión y la criminalización de la protesta (utilizar al poder judicial para acallar a los manifestantes) es una grave violación a los derechos humanos, entre los que se hayan los derechos relativos a la vida y la integridad física, debido proceso y los relativos a las violaciones graves por el exceso del uso de la fuerza por parte de las autoridades.

La criminalización de la protesta viola también el derecho a la libertad de expresión y, por ende, el derecho a la información. En México, la libertad de expresión se viola de diferentes maneras: se ataca a los periodistas, se les asesina por grupos armados, se les amenaza; en los medios se les censura, son despedidos, son contratados en condiciones precarias.

Los ciudadanos también son censurados, los blogueros son perseguidos, levantados y asesinados. Los funcionarios públicos compran lealtades periodísticas, el gobierno y los medios masivos como Televisa y Azteca controlan la agenda pública y, en general, se pierden puntos de vista valiosos al no permitirse el debate abierto sobre los asuntos públicos.

Los empresarios han hecho bien al impulsar el sistema anticorrupción, que contiene la famosa declaración 3 de 3 y que recientemente fue modificada en agravio de la ciudadanía. Los empresarios, sin embargo, deberían de apoyar más el tema de la libertad de expresión, pues parece incongruente un sistema anticorrupción en el que la gente no tendrá acceso pleno a la información y eso es uno de los derechos que se limitan cuando la libertad de expresión es vulnerada. Absurdamente los empresarios llamaron a ponerle un alto al CNTE. Y para el gobierno ponerle un alto significa macanazos, balazos y procesos judiciales.

La libertad de expresión y el derecho a la información son en extremo importantes para aspirar a una sociedad más democrática. La libertad de expresión es la mejor defensa frente a los malos gobiernos, frente a la corrupción. Quienes prestan atención a las críticas pueden corregir los errores en las políticas públicas o programas de gobierno. Aquellos funcionarios que silencian la libertad de expresión pierden de vista por qué sus políticas no funcionan o por qué perdieron la elección.

El debate es esencial en muchas áreas para el progreso humano, por ejemplo en la ciencia: si el debate científico estuviera prohibido nunca habríamos pasado del oscurantismo y la medicina aún se basaría en sangrar a los pacientes, aplicar sanguijuelas y ahuyentar a los malos espíritus.

Callar las protestas con represión y criminalización de la protesta es violar la libertad de expresión y un sinnúmero más de derechos humanos

Orlando y la cultura de la discriminación

Me llamó la atención que una fotografía de la cobertura de CNN durante la masacre de Orlando fue altamente criticada, pues mostraba dos hombres besándose. Recibió un gran número de insultos, muchos de ellos de latinos. Esto nos habla de una multitud de creencias que rechazan al punto de la violencia algunas preferencias sexuales.

En México no estamos lejos de eso. Por ejemplo, en Jalisco dos funcionarios, uno del gobierno del Estado y otro (por cierto, ¡director de Derechos Humanos!) del Ayuntamiento de Zapopan fueron despedidos por sus comentarios homofóbicos en redes sociales frente a lo ocurrido en Orlando (no son los primeros lea http://www.proyectodiez.mx/cuando-el-twitter-nos-alcance-opinion/).

Es grave que el funcionario de Zapopan, siendo el titular de Derechos Humanos, tenga esa forma de intolerancia tan arraigada. Pero tampoco es de extrañarse en una sociedad dogmática donde cuestionar las creencias religiosas es literalmente una blasfemia.

Extrañamente en las sociedades occidentales (incluyendo las avanzadas), que se suponen garantes de la libertad, no existe un cuestionamiento directo sobre la influencia que ejercen las instituciones religiosas en el proceso democrático. Alguien me dirá: “bueno, pero realmente son casos aislados el de este tipo de funcionarios”. Pero recordemos que durante los sexenios panistas se incluyeron artículos discriminatorios en el código civil de Jalisco que han sido combatidos por los grupos de derechos humanos y declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El problema radica en que las instituciones religiosas han moldeado la cultura de la sociedad mexicana con valores que a veces colisionan contra los derechos de otras personas. La cultura pseudorreligiosa alimenta el odio hacia los que son diferentes con argumentos relativos a la interpretación particular de un libro de una cultura particular escrito hace dos mil años. Sin embargo, no existe debate público al respecto y eso sí es algo que debe preocuparnos, pues no estamos lejos de la intolerancia mostrada en Orlando.