Columna quincenal de Amedi Jalisco publicada en ZonaDocs. Por César Omar Pérez Mora / @AmediJalisco Hablar de corrupción es hablar de uno de los principales problemas de la sociedad. El análisis de este fenómeno social implica responder a preguntas como: ¿qué es la corrupción?, ¿qué impactos tiene?, ¿cómo se puede combatir? y ¿qué resultados se han obtenido? ¿Qué es la corrupción? En principio, definir la corrupción es algo complejo. Transparencia Internacional (2020) define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados. Sin embargo, la corrupción se ha analizado desde diferentes perspectivas, cada una de ellas es importante y abordarlas de manera integral es fundamental para lograr avances y cambios sostenibles. Por ejemplo, desde la perspectiva de la ética se incluyen las acciones que atentan contra los principios, valores o virtudes que se establecen en una sociedad (Villoria, 2006). En la perspectiva legal, genera corrupción todo acto de un funcionario público o un particular que incumpla las normas jurídicas o las obligaciones del cargo con abuso de su posición y con la finalidad de obtener beneficios personales (Villoria, 2006). También desde una perspectiva económica, la corrupción se explica en términos donde el infractor evalúa costos y beneficios de su acción (Villoria, 2006), es aquí donde organismos internacionales y los propios países han desarrollado diversos análisis sobre los costos y el impacto de la corrupción. ¿Qué impactos tiene? Hablar de su impacto también es algo amplio, pero podemos caracterizar algunos costos de la corrupción: Los costos directos: son aquellos relativos a la propia acción de corrupción, de la que se obtiene un beneficio. En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019) señala que el costo total por corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 12,769 millones de pesos, lo que equivale a 3,822 pesos promedio por persona afectada. México es de los países con mayor percepción de corrupción a nivel internacional. Los costos indirectos: son los costos por combatir a la corrupción, que incluyen, al menos, los costos del diseño institucional, la operación de los programas y las estrategias implementadas. En estos costos se incluyen los relacionados con el sistema nacional, los sistemas estatales y municipales, los órganos internos de control (OIC) y las contralorías. Además, el costo de las estrategias regulatorias para la simplificación administrativa, la mejora de la información y otras formas de mejorar los procesos de toma de decisiones propensas a la corrupción, así como las acciones para fortalecer las sanciones a los funcionarios, evitando la impunidad (Guajardo, 2013). El costo social: es el costo asociado a la percepción y efectos en la sociedad, que, a diferencia de los otros dos, difícilmente se puede cuantificar. Generalmente se ha tratado de relacionar a la corrupción como parte de la cultura social. Pero habrá que preguntarnos ¿Cuánto le cuesta a cada afectado la impunidad? ¿Cuánto nos cuesta que las funcionarios no realicen sus funciones? y ¿Cuál es el efecto en la sociedad? Esto es el costo social de la corrupción, esto es lo que verdaderamente erosiona nuestra sociedad. ¿Cómo se puede combatir? Ante este escenario tenemos la posibilidad de contribuir a disminuir el costo, pero, principalmente a modificar la percepción de la corrupción, combatiéndola bajo un enfoque de ciudadanía activa. Este enfoque proviene del contexto europeo e implica formas particulares de participación que promueven la organización colectiva y el ejercicio de nuestros derechos, reduciendo la brecha entre los ciudadanos y gobernantes, y mejorando la cohesión social. Ejemplificando, podemos tener una ciudadanía más activa solicitando información pública, esto es ejercer nuestro derecho. Otros mecanismos son los de participación ciudadana como: la iniciativa popular, el presupuesto participativo, la consulta popular, la comparecencia pública, la asamblea popular, el ayuntamiento abierto, entre otros mecanismos establecidos en nuestra entidad. Estos mecanismos nos permiten fortalecer la rendición de cuentas de los funcionarios a la sociedad, principio fundamental del combate a la corrupción. La rendición de cuentas debemos entenderla como un mecanismo que promueve que el funcionario justifique públicamente sus actos y los resultados, y, por otra parte, dote a la ciudadanía con mecanismos para evaluar el desempeño del servidor público, en este sentido, la rendición de cuentas tiene dos enfoques: el activo y el reactivo. En una sociedad, la rendición de cuentas activa es cuando el funcionario de manera natural presenta informes, resultados, justifica sus decisiones y se sujeta al escrutinio público. Cuando esto no se da, se convierte en una rendición de cuentas reactiva, esto es, la sociedad solicita que el funcionario presente informes, resultados, que justifique sus decisiones y que se sujete al escrutinio público, esto se puede dar a través del derecho de petición, del derecho de acceso a la información o los propios mecanismos de participación ciudadana, lo que promueve una ciudadanía activa. Es de suma importancia que la sociedad participe más activamente en los asuntos públicos, en principio, que se interese por lo que sucede, por las decisiones que se toman en la esfera pública y social. En segundo término, que se informe sobre dichas decisiones para tener una sociedad mejor informada y que pueda incidir y tomar decisiones de manera colaborativa. En tercer término, que incida a través de cada mecanismo de participación ciudadana u organización. ¿Qué resultados se han obtenido? Podríamos hacer un balance de las estrategias en el combate a la corrupción, aunque es un tema que ha sido severamente cuestionado, habrá que profundizar aún más sobre la relación costo-beneficio. Lo que sí podemos mencionar es que hoy podemos consultar de manera electrónica las respuestas a las solicitudes de información, las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial, así como las sanciones a particulares y servidores públicos y contrataciones. Si bien, esto es solo un avance, es importante reiterar que, en la medida que tengamos mayor participación ciudadana, generaremos mayor equilibrio entre el poder público y la sociedad, fortaleceremos nuestro sistema de pesos y contrapesos y reduciremos el poder discrecional, lo que fortalecerá las estrategias para el combate a la corrupción, sus costos económicos, pero, principalmente, los sociales.

Referencias

1. Guajardo, G. (2013). La autonomía y las facultades de sanción de las entidades de fiscalización superior en México en la efectividad del combate a la corrupción. Madrid: Universidad Computlense de Madrid.
2. INEGI. (2019). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/
3. (2019). Barómetro Global de la Corrupción. Obtenido de https://www.transparency.org/es/publications/global-corruption-barometer-latin-america-and-the-caribbean-2019
4. (2019). Indice de Percepción de Corrupción. Obtenido de https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/mex
5. (2020). Transparency International. Obtenido de https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
6. Villoria, M. (2006). La Corrupción Política. España: Síntesis.