Derecho a la verdad

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 15 de mayo de 2016 en Milenio Jalisco.

En el periodismo, la veracidad de la información que se difunde es consustancial a la calidad de esta, como lo es la libertad y responsabilidad en el ejercicio de la búsqueda-investigación, confección-edición de la noticia y su difusión-comunicación por cualquier medio o soporte. ¿Y qué no decir de una autoridad pública? En el fondo, se puede decir lo mismo, guardando sus respectivos campos de acción y fines, pues, mientras el periodista trabaja con información de interés público, el servidor público lo hace en ejercicio de una función y obligación pública, tanto con información de interés público como pública.

De junio de 2006, con el giro que la Suprema Corte (SCJN) dio a la comprensión y alcances del derecho a la información, este se ha ensanchado más allá de la libertad de expresión: derechos de acceso a la información pública, de audiencias, de réplica, de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales (ARCO). Derechos vinculados e inseparables entre sí, que tienen la exigencia consustancial de que la información, sea pública o de interés público, sea veraz.

Que las autoridades difundan información falsa, manipulada, incompleta, es gravísimo si consideramos lo que la SCJN estableció con su resolución de 2006:

Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante esta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales […] pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

Con ello, ¿en dónde enmarcamos los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, la calidad de información fundamental y las respuestas a solicitudes de información?