Corrupción, las reglas cambian

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 20 de junio de 2016 en Milenio Jalisco.

Con candados en la publicidad de las declaraciones patrimonial, intereses y fiscal de todos los servidores públicos del país a través de una plataforma digital nacional, y el incorporar a dichas obligaciones a «cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios» así como a las «personas físicas presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales» antes señaladas, o sea, a quienes contraten o subcontraten (artículos 28 y 32 de lo que será la Ley General de Responsabilidades Administrativas), el Congreso de la Unión aprobó las nuevas normas con las que operará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ver dictamen: http://bit.ly/1Ox1rmc

El SNA, en su conjunto, representa un gran avance para combatir la corrupción. Claro, habrá que ver cómo se integra y opera en los tres órdenes de gobierno, para lo cual se contará con un año para su armonización, creación de normas y estructuras, en cuanto el titular del Poder Ejecutivo federal sancione y publique el dictamen en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, los puntos que merecen por ahora atención particular implican voluntades e intenciones que podrían pervertir el SNA.

En cuanto a la publicidad-transparencia de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, habrá que considerar lo que Immanuel Kant señala en «La paz perpetua» (1795): «Sin publicidad no hay justicia», y «son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soporten ser hechos públicos».

Sobre la incorporación de «personas físicas y morales» que reciban y ejerzan, directa o a través de éstos recursos públicos o contratos de cualquier tipo, además de incorporar la otra cara de la corrupción, pues «¿o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?» (Sor Juana Inés de la Cruz), se abre un modelo con actores que requiere revisión, no exclusión, para que el combate a la corrupción no se convierta en un sistema inhibidor del desarrollo y la economía. La carga de la publicidad, estimo, debe estar de origen en quien «invita» aportando todo para no abrir sospechas; y en «quien se ofrece», si de motu proprio pide entrar al terreno público; es decir, distinguir para que cada quien ponga lo que le corresponde.