Comunicación democrática

Por Jorge Narro Monroy

Publicado originalmente en el periódico Mural el 9 de junio de 2014. Reproducido con permiso del autor.

Las leyes reglamentarias —también llamadas secundarias— «aterrizan» las disposiciones de la Constitución. Sin ellas (y por supuesto, también sin voluntad política) los mandatos contenidos en la Carta Magna son inoperantes.

Pensemos, por ejemplo, en el artículo 123, que establece «Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil». Pues bien, sin su correspondiente ley reglamentaria, la Federal del Trabajo, que define normas concretas y procedimientos específicos, quedaría en el aire.

En junio del año pasado, el Congreso de la Unión, en respuesta a una iniciativa del Presidente Peña Nieto, modificó sustancialmente una serie de artículos constitucionales relativos a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. La reforma, a decir de expertos y de los propios legisladores, superaba con mucho las más elevadas expectativas.

Señalo sólo cuatro de sus mayores virtudes:

Primera: reconoció los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones —atendiendo a la función social que desempeñan— como «servicios públicos de interés general» (como el suministro de agua y de energía eléctrica, como la seguridad y la salud públicas, que no son mercancía). Segunda: depositó en manos de un órgano autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), una serie de atribuciones, algunas de las cuales estaban en manos del Ejecutivo federal, entre ellas la de otorgar y revocar concesiones. Tercera: decretó la apertura del mercado televisivo a través de la licitación de dos concesiones para televisión abierta a nivel nacional. Y cuarta: reconoció los derechos de las audiencias y de los usuarios (nosotros).

Sin embargo, diez meses después, el pasado 2 de abril, el mismo Peña Nieto envió al Senado una iniciativa de ley secundaria que contradice de manera flagrante la reforma constitucional.

A decir de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi): «Deja intacto al duopolio televisivo; privilegia a los concesionarios y no a las audiencias; debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, lo mismo que a los productores y productoras independientes; aumenta las facultades de la Secretaría de Gobernación sobre el sector de la radiodifusión a costa del Ifetel, y sienta las bases para la violación de derechos como la libertad de expresión, la libertad de información, y el derecho a la privacidad, a través de la legalización de la censura y el control de las ideas».

En resumen: el 2 de abril Peña Nieto contradijo a Peña Nieto. Propuso un «aterrizaje» a la reforma constitucional de 2013 que la neutraliza. Se echó para atrás. Quedó bien —otra vez— con Televisa, a quien le debe en buena medida la Presidencia.

¿Y? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados, como espectadores de un asunto que no es nuestro? ¿De verdad no es nuestro?

El 17 de mayo, en la ciudad de Oaxaca, se constituyó el Frente por La Comunicación Democrática. Y el día 26 —convocado por la Amedi— se fundó en Guadalajara el capítulo estatal.

El Frente exige, entre otras cosas: «Respeto absoluto a lo mandatado en la reforma constitucional (…); fortalecimiento de las libertades de expresión y de información (…); competencia real tanto en las telecomunicaciones como en la radio y la televisión, así como disposiciones para eliminar las prácticas monopólicas, discriminatorias y fenómenos de concentración contrarios al interés público; eliminación del control gubernamental en el manejo de la información en medios de comunicación electrónica y la vigilancia de la transmisión de contenidos; respeto a la autonomía constitucional del Ifetel; desarrollo de lineamientos que impulsen la pluralidad y la diversidad de medios, fortaleciendo a los de uso público, social, comunitarios e indígenas, en los que se encuentra el verdadero equilibrio y contrapeso al modelo mercantilista de la radiodifusión (…); eliminación de contenidos sexistas y discriminatorios (…)».

¿Le interesa el asunto? Busque la página electrónica de la Amedi Jalisco.