Cambiar para transparentar

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 23 de mayo de 2016 en Milenio Jalisco.

Frente al poder, de acuerdo con las normas en materia de transparencia, hay dos vías ordinarias para acceder a la información pública: solicitando información específica o disponiendo de información a través de medios de fácil acceso. Estas, no excluyen otros caminos: las entrevistas con el servidor público o las personas que interactúan con ellos, la observación acuciosa de sus actos, las conferencias y las ruedas de prensa, los boletines, los comunicados e incluso la filtración siempre interesada por quien entrega-filtra la información.

En todas, la materia común es la información, la cual debe reunir cualidades mínimas: que sea veraz, completa, clara, oportuna. Para ello, quien accede u obtiene la información, requiere tomar previsiones y acciones que le ayuden a contar con la certeza de que dicha información reúne las cualidades mencionadas. La prueba está en la verificación o correspondencia con la realidad.

La carga de la veracidad de la información está en el emisor de la información, en quien la entrega. ¿Puede entregar y poner a disposición pública información falsa, incompleta, manipulada? Claro, y de eso hay evidencias de sobra, así como de sus efectos.

Pero es necesario distinguir. No es lo mismo generar y entregar deliberadamente información falsa, incompleta o manipulada, que hacerlo por incapacidad, desconocimiento e incluso por temor.

Puesto que la ley no puede considerar casuísticamente todo lo anterior, establece principios, bases, de tal forma que las causas que atenten contra la veracidad, la oportunidad y el que sea completa, se reduzcan y las voluntades individuales en el sujeto obligado no estén por encima de los principios y bases (deber ser).

Las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, con quince años de operación, además de enfrentarse a las resistencias de los servidores públicos, muchas veces movidas por el desconocimiento y con ello por el temor, tienen frente a sí estructuras de generación, gestión y administración de información diseñadas para que la información sea sólo para uso interno, fuera de miradas extrañas, y con ello para el ocultamiento.

Si las leyes de transparencia y acceso a la información no modifican las formas y recursos con que se genera, gestiona y administra la información pública, ésta quedará a la voluntad individual de servidores públicos y más aún, de intereses de grupo.