C7 o el desprecio por la audiencia

Por Juan S. Larrosa-Fuentes

Publicado originalmente el 23 de noviembre de 2014 como parte de la columna de opinión “Sistema autorreferencial” del programa “Señales de Humo”, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara.

Tan solo un par de meses duró en funciones Gabriel Orozco, quien fuera el primer defensor de la audiencia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El 31 de octubre presentó su renuncia ante la Secretaría de Cultura, con copia al director del sistema. En su carta de renuncia, Orozco señala que no encontró un ambiente de apertura, diálogo y respeto para su trabajo. Días más tarde, en una entrevista para Reporte Índigo, Orozco dio más pistas sobre su salida y explicó que no se pudo poner de acuerdo con los directivos del canal sobre cómo se estaba tratando periodísticamente el tema de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa y las protestas sociales que estos hechos han desencadenado. A nadie debe sorprender este hecho, especialmente por cómo se ha administrado y conducido C7 en los últimos años.

@AmediJalisco aunque no nos solicitaron la renuncia del defensor la mando recordándoles que lo que piden se entrega pic.twitter.com/oDdfRcOd7C

— SergioRamírezRobles (@SRamirezRobles) noviembre 14, 2014

La prematura y abrupta renuncia del defensor de la audiencia tiene muchas explicaciones. A nivel estructural, diversos especialistas en materia de ética ya han advertido las contradicciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual obliga a los medios de comunicación a utilizar herramientas deontológicas y de autorregulación profesional. El desarrollo de una reflexión ética sobre el trabajo y transformación de las prácticas mediáticas, necesariamente tiene que ser una discusión que nazca al interior de los medios de comunicación y no, como lo propone la ley, de una disposición jurídica externa a los medios. Por otro lado, en el plano local, es notorio que el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión no es una institución por la cual estén muy preocupados quienes nos representan políticamente en el Congreso o quienes gobiernan en el Poder Ejecutivo. Hace un año los legisladores locales hicieron cambios a la ley que regula al sistema. El resultado de los cambios legislativos fue decepcionante, pues los diputados se limitaron a ajustar la ley a las exigencias federales, pero no hicieron cambios sustantivos al sistema comunicativo de Jalisco. Fue, una vez más, una experiencia legislativa de gatopardismo. Por otro lado, desde el plano ejecutivo, las cosas no fueron mejor. El gobernador colocó a Sergio Ramírez Robles como director del sistema, quien llegó al puesto fuertemente cuestionado en la prensa local, debido a las malas relaciones que sostuvo con periodistas cuando fue director de comunicación social del gobierno de Puebla. Al tomar las riendas del sistema, Ramírez Robles hizo cambios, que también fueron cuestionados, como su discrecionalidad para el cambio de las parrillas de programación, la transformación (una vez más) de la imagen gráfica y nombre de C7, o la decisión de crear lo que él ha llamado una “multiplataforma” en donde se transmite una señal única para radio, televisión e internet. Dadas estas características, no es una sorpresa que el ombudsman haya dejado su puesto porque no encontró un ambiente de apertura, diálogo y respeto para su trabajo. Hace un año busqué en el portal de transparencia de C7 los documentos que justificaran los cambios que estaban ocurriendo en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. No encontré nada debido a mi impericia o porque los documentos no estaban ahí o no existían. Entonces solicité la información al director del sistema. Un año después, Ramírez Robles me envió, vía correo electrónico, un archivo titulado “Plan Institucional del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión”. Muy bien, pensé. Por fin podría leer un diagnóstico sobre las audiencias de C7 o un plan de trabajo sobre el quehacer de una institución que debe garantizar el derecho a la información de los jaliscienses. Me emocionó estar en la antesala de entender la racionalidad del concepto de “multiplataforma”. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. No obtuve las respuestas. A cambio, encontré un documento atiborrado de tablas de planeación de la burocracia moderna, llenas de objetivos e indicadores de éxito. También tuve un buen rato de risa cuando leí los valores de C7. Uno de ellos, dicen, es la pluralidad, la cual está definida como “Cualidad de ser más de uno”. La definición, que no tiene créditos, es una copia textual del diccionario de la Real Academia de la Lengua. La ironía de esta definición es que es cierta: para la administración actual de C7, la pluralidad en los medios se cumple cuando son más de uno. Los anteriores son detalles cosméticos. Lo preocupante es que el sistema vive en una perversa autorreferencialidad en donde C7 es el principio, el fin, y el método de evaluación y verificación del propio proyecto. En todo el documento no se menciona en ninguna ocasión el término “derecho a la información”, salvo cuando transcriben textos legales. Esto quiere decir que, en su plan institucional, no contempla como prioridad de su trabajo la tutela de este derecho para los jaliscienses. Por otro lado, ¡el plan institucional solamente menciona en una ocasión a el término “audiencia”! No hay, en ninguna parte del documento, una descripción de la audiencia de C7 ni planes para hacer un diagnóstico para investigarla, conocerla o para trabajar con ella. El documento solamente contempla una evaluación muy limitada de su trabajo, que se basa en el incremento en la producción de programas o en la cobertura de ciertos acontecimientos. El plan de evaluación no prevé una evaluación cualitativa de su trabajo, una evaluación por parte de la audiencia, ni algún tipo de evaluación externa. De ahí la autorreferencialidad del sistema: yo soy, yo decido y yo me evalúo. Finalmente, el documento no contempla alguna planeación extra-sexenal en la que se planteé una política pública a largo plazo para tutelar el derecho a la información de los jaliscienses. En cambio, debemos conformarnos con una serie de objetivos inconexos y extraños, que los burócratas pensaron para el canal y cito:

1. Incrementar las capacidades creativas y de producción artística de la población.
2. Diversificar las alternativas de recreación.
3. Incrementar la innovación y el emprendimiento para el desarrollo científico y tecnológico.
4. Disminuir la brecha digital en los sectores productivo y social de la entidad.

El documento de “planeación” admite una revisión mucho más cuidadosa y crítica. Por lo pronto, sirve para corroborar lo absurdo que resulta implementar una defensoría de la audiencia en un medio de comunicación que no conoce a su audiencia y que no tiene intenciones de conocerla.