Anticorrupción, el tiempo pasa

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 01 de agosto de 2016 en Milenio Jalisco.

El pasado 18 de julio pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas leyes y diversas reformas con lo que se dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); un nuevo andamiaje institucional y legal que pretende poner un dique público a la corrupción en sus dos frentes: lo público y lo privado (en cuando éste tenga relación con el primero). Con esto, los estados deberán hacer lo propio y crear de manera alineada al Nacional sus Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), tarea que por su naturaleza debe realizarse abierta con activa participación ciudadana. El plazo para que los estados lo hagan vence el 19 de julio de 2017.

Los marcos normativos generales y federales, base y referencia para el SEA que se construya en Jalisco son: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta última ahora vinculada a obligaciones locales por reformas hechas a la de Coordinación Fiscal y la General de Contabilidad Gubernamental; por otra parte, habrá que tomar como referencia para lo símil local, al ser “dientes” y articulación para un sistema anticorrupción, las reformas al Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La construcción del SEA no implica hacer sólo un símil al nacional, pues el SNA es una “base” para operar un sistema intercomunicado e interoperable de anticorrupción; máxime cuando el sistema federal es interdependiente en lo fiscal, financiero, económico, comercial, legal y político. Esto independientemente que el SNA refuerza la tendencia a centralizar todo en México: la educación, lo electoral, el acceso a la información y ahora el combate a la corrupción, con organismos nacionales.

Fundamental en la construcción del SEA será la participación de municipios, pero clave será qué se hará con la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de lo Administrativo, la Fiscalía Anticorrupción que se configure, las contralorías, y el Comité de Participación Ciudadana, incluso municipales.

El tiempo pasa. Que no nos suceda como en Veracruz, que construyó un sistema de autoprotección, no de anticorrupción, pues lo diseñó en la oscuridad y sujeta a intereses de grupo, no ciudadano.