2016: acceso a la información

Por Rubén Alonso

Publicado originalmente el 4 de enero de 2016 en Milenio Jalisco.

El próximo 5 de mayo entrará en operación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo que una de las vertientes del derecho de acceso a la información establecidos en el artículo 6° Constitucional podrá instrumentarse, garantizarse y ensancharse.

Con la Ley General, el principal reto está en la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), integrada al menos con cuatro sistemas: solicitudes de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, portales de obligaciones de transparencia y comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. Su operación (gradual), será una maravilla, pues a través de una sola “puerta” cualquier persona tendrá acceso y disposición de información pública de al menos 70 mil sujetos obligados en el país.

El punto medular de la PNT estará en el contenido que ahí se ponga a disposición. El engaño-perversión de la información pública se da cuando los sujetos obligados producen, crean y ponen a disposición, amparados en la letra de la ley, información “doble” que no corresponde al ejercicio de sus funciones, y mucho menos con la que se toman decisiones. Así, publican nóminas, estados financieros, deuda, para cumplir con las “leyes de transparencia”, o bien, más perverso, para ser evaluados y ser calificados como “transparentes”. El contenido, pues, es la clave de la transparencia para la rendición de cuentas.

¿Cómo evitar lo anterior? Alineando la información bajo el principio de que sea aquella con la que se toman decisiones: la financiera y contable, que sea la misma proporcionada a la SHCP, así como la establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); en compras, contratos, licitaciones, con todo su soporte documental. Lo anterior en formatos abiertos y acompañada con guías para su comprensión en lenguaje ciudadano.

Clave para lo anterior serán los organismos garantes locales y el seguimiento-observación ciudadana. Un buen plan de alianza de organismos garantes y organismos de la sociedad, interesados y especializados, puede ser una ruta. Y claro, que los sujetos obligados se dejen ayudar.

El reto en 2016 será mayúsculo, y en un año de renovación-ratificación de comisionados del ahora Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), será prudente y necesario evitar su manoseo.