120 mil = Ley 3 de 3

Por Augusto Chacón

Publicado originalmente el 12 de marzo de 2016 en Milenio Jalisco.

En México, el espacio donde ocurre el servicio público es considerado territorio libre de códigos morales y jurídicos; ser habitante de él es la concreción del anhelo que puebla el imaginario: que me pongan donde hay, del resto me hago cargo yo. Claro, es una generalización grosera, hay una multitud de servidores públicos que hacen muy bien y honestamente su trabajo; lo que no se puede negar es que esa caracterización en bloque prevalece en el ideario nacional, así concebimos al gobierno con todo y sus integrantes: corrupto o al menos dispuesto a ser corrompido, y marcamos un ellos contundente, diferenciado de un nosotros compuesto por inocentes, víctimas de la viciosa índole de los funcionarios y los empleados gubernamentales, de cualquier orden, lo que es otra generalización vulgar: de nosotros salen las contrapartes imprescindibles para que exista un modo corrupto que nos ha ganado muy mala fama en el mundo y nos cuesta mucho capital, financiero y social.

Nosotros comprende a las y los ciudadanos; ellos son los políticos y políticas; y así, la receta: contra la corrupción basta que las y los ciudadanos pasen al servicio público; el único efecto visible de este remedio ha sido el incremento en la oferta de camuflajes: políticos envueltos en el mítico manto redentor de lo ciudadano y ciudadanos personificados de políticos, y la corrupción no cesa, peor: ha crecido, en ciertos sectores de la actividad económica es componente de las estructuras de costos y no se deja fuera del cálculo del impacto social a considerar.

Lo cierto es que ni la transparencia, con instancias oficiales para monitorearla, tampoco la libertad de prensa, ni los señalamientos internacionales socaban el monolito de la corrupción, anclado en el cinismo de ellos y en la indolencia de nosotros (y viceversa). De ahí que un grupo de expertos, de la academia y de la sociedad civil, decidiera tomar la palabra anticorrupción, que eso sí, no deja de decirse, del Diario Oficial de la Federación de mayo de 2015, y proponer una iniciativa ciudadana de Ley general de responsabilidades administrativas, o como se le conoce coloquialmente Ley 3 de 3, por una de sus normas que alcanzaría el rango de obligatoria: que los sujetos obligados presenten una declaración de intereses, para saber si sus responsabilidades públicas entrañan un conflicto, y una patrimonial; el tercer elemento sería el manifiesto fiscal, testimonio fiable de la evolución en la cantidad y valor de los bienes.

Pero la tal Ley es más que eso, incluye la definición de los sujetos obligados y de las faltas administrativas constitutivas de corrupción, reconoce que hay personas físicas y morales susceptibles de ser evaluadas y también norma la investigación que debe hacerse y las sanciones aplicables. Además, la iniciativa acusa otra alta virtud: desde la exposición de motivos hasta los artículos que la componen, los redactores exhiben su conocimiento profundo del qué, del cómo y con quiénes de la corrupción y por si fuera poco, se deja leer y se entiende, y es así, me parece, por dos razones: una, la calidad de quienes trabajaron en ella, Josefina Cortés Campos (ITAM), Max Kaiser Aranda (IMCO) y José Roldán Xopa (CIDE), acompañados por un grupo grande de expertos de distintas instituciones académicas; la otra, porque está para que la aprueben y pasen las y los ciudadanos, si conseguimos reunir, a escala nacional, 120 mil firmas. Es la oportunidad para ir de la queja y el ni modo, a los hechos, e incidir en un tema que de solucionarse según el mejor interés de la sociedad, tendrá impacto positivo en muchos otros asuntos y en la cultura. Mañana 13 de marzo será la Jornada Nacional contra la Corrupción y la Impunidad para apoyar la iniciativa Ley 3 de 3, que cada quien dé con el lugar más cercano para estampar su convicción y su firma, y mostrar que para atender los males que creamos, que prohijamos y nos degradan, no sólo hay ellos y nosotros, hay todas y todos.