Amedi Jalisco rechaza opacidad en la reforma a la Ley de Transparencia

Rechazamos que el Ejecutivo haya vulnerado la autonomía del Congreso de Jalisco, pues al imponerle sus criterios con respecto a una nueva Ley de Transparencia, falta al respeto a la representación popular, con el agravante de que no realizó un proceso de consulta abierto y amplio, en el que se hubiese involucrado a la sociedad. El Gobierno del Estado desdeñó el esfuerzo que por otras vías ya habían realizado el Congreso de Jalisco y organizaciones de la sociedad civil.

Al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

Al Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Presidente de la Mesa directiva de la LX Legislatura del Estado de Jalisco

A la opinión pública

El 8 de septiembre de 2015, el pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de adecuaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios como parte del proceso de adecuación de la ley local en la materia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto el Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) precisa lo siguiente:

1. El documento en que se basó la discusión fue una propuesta del Ejecutivo estatal, que se superpuso al trabajo previo que el propio Congreso venía realizando desde mayo pasado en diálogo con diversos actores de la sociedad civil y especialistas en la materia. Lo anterior constituye una contradicción a la lógica de funcionamiento del gobierno abierto que retóricamente pregona el Ejecutivo, y que supone el trabajo colegiado entre funcionarios públicos y la ciudadanía organizada en materia de transparencia.

2. El tiempo transcurrido entre el envío de la propuesta del Ejecutivo y la programación de su votación en el pleno del Congreso no permitió su estudio cabal para un eventual perfeccionamiento de la iniciativa. Antes bien, la celeridad del proceso fomentó la opacidad del mismo.

3. Si bien la iniciativa contempla precisiones oportunas en lo referente a la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos en su gasto corriente y en escenarios de precampañas o campañas electorales, también presenta preocupantes retrocesos, entre ellos:

3.1. La reserva de la información sobre cuentas públicas hasta que estas hayan sido aprobadas por el Congreso;

3.2. La eliminación del plazo para documentar procesos relativos a la toma de decisiones, que por la vía de los hechos abre la posibilidad de que dicha documentación no ocurra en ningún momento; y

3.3 La desaparición del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco de la lista de sujetos obligados.

3.4 No se tomó en cuenta la simplificación del proceso de acceso a la información y notificación presentada por el Itei.

3.5 Se establecen para las asociaciones civiles que apoyan candidaturas independientes requisitos similares a los de los partidos políticos, sin  considerar las diferencias en cuanto a su naturaleza y recursos humanos y financieros.

3.6 Los subejercicios presupuestales dejan de ser información fundamental, por lo que no hay obligación de reportarlos, lo que obstaculiza la evaluación ciudadana de la eficiencia en el gasto de las instancias públicas.

3.7 La evaluación de los sujetos obligados deviene aleatoria, lo que abre espacios considerables a la discrecionalidad.

3.8 El cumplimiento de la transparencia focalizada, elemento novedoso de la Ley General, se formula como mera recomendación, lo que hace no vinculantes las resoluciones que el Itei emita al respecto.

3.9 Se elimina la obligatoriedad de publicar la documentación que da soporte al gasto público relacionado con pólizas de cheques, lo que es contrario a la noción de gobierno abierto que el propio Gobierno Estatal ha formulado retóricamente en los últimos meses.

Consideramos que la reforma contraviene el principio de transparencia proactiva que la Ley General prescribe a las leyes de las entidades federativas, que consiste en hacer lo necesario para publicar más información que la que la propia Ley General señala como piso. Además al aprobar esta iniciativa el Congreso del Estado daña su propia autonomía, pues concede prioridad a la propuesta del Poder Ejecutivo sobre un proceso abierto de consultas conducidas por los diputados de las comisiones correspondientes. Pero sobre todo estimamos que se dio lugar a un lamentable retroceso por lo que respecta a los principios de máxima publicidad y mínima formalidad que deben prevalecer en la ley. Por ende exigimos a los representantes de ambos poderes hacer lo conducente para aplicar la figura del veto y no publicar la reforma mencionada.

A su vez exhortamos al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) y a su Consejo Ciudadano a valerse de sus atribuciones y considerar una eventual acción de inconstitucionalidad de la reforma que pueda promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Atentamente

Por el Capítulo Jalisco de la Amedi

Dr. José Bernardo Masini Aguilera

Presidente del Capítulo